Legalmente, la alcoholemia se refiere a la concentración de alcohol en la sangre de una persona, y es medida en gramos de alcohol por litro de sangre (g/L). En muchos países, incluyendo España, se establecen límites legales de alcoholemia para determinar si una persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol. En nuestro país, el límite legal de alcoholemia para conductores profesionales y conductores noveles es de 0,15 mg/L (miligramos por litro de aire espirado). Para el resto de conductores, el límite es de 0,25 mg/L en aire espirado, o bien, 0,5 g/L en sangre. Si una persona supera estos límites legales mientras conduce un vehículo, puede ser acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, lo que conlleva sanciones administrativas y/o penales, como multas, retirada del carné de conducir y, en casos más graves, penas de prisión. Por eso, ante una de estas situaciones es necesario contar con los servicios de un abogado de alcoholemias especializado y con un buen conocimiento de las leyes relativas a la misma.

Nuestro trabajo como abogado de alcoholemias ante una de estas situaciones abarca diversas acciones y responsabilidades. Algunas de nuestras funciones como abogado de alcoholemia incluyen:

  • Asesoramiento legal a la persona acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, explicando sus derechos y opciones legales.
  • Análisis del caso para evaluar la solidez de la acusación y determinar posibles defensas.
  • Representación en el proceso judicial relacionado con la acusación de alcoholemia.
  • Negociación de acuerdos o reducciones de cargos con la fiscalía para obtener un resultado más favorable para el cliente.
  • Recopilación de pruebas y testimonios que puedan apoyar la defensa del cliente, como pruebas de calibración de los equipos de medición de alcoholemia o testigos de la situación.
  • Solicitud de apelación para revisar la sentencia o el fallo emitido.

Nuestro principal objetivo como abogado de alcoholemia es proteger los derechos de nuestro cliente, buscando las mejores estrategias legales y defender sus intereses ante el sistema judicial.